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La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó el 15 de agosto el proyecto de ley sobre fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y entidades afines. El texto será enviado al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial. La reforma del marco que regula a estas entidades estaba en la mira del Gobierno desde hacía años. Este artículo se dedicará a brindar una breve historia del proceso de sanción de la ley, así como a explicar sus principales alcances. Breve historia El proyecto fue presentado por el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en 2023, pero el “debate” se reactivó súbitamente en enero de 2024 luego de que el presidente de la Asamblea lo listara entre las prioridades de la agenda legislativa de este año.  En ese momento, hubo un llamado a “consulta pública” pero el contenido de lo que iba a ser sometido a discusión no se puso en conocimiento de la sociedad. Dos semanas después, se aprobó en comisión a libro cerrado en una reunión flanqueada por un operativo de seguridad. A mediados de mayo, se retomó su tratamiento. Julio García Zerpa (PSUV), primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, argumentó la necesidad de este marco legal para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.  En medio de una profunda radicalización en las presiones al espacio cívico durante los meses siguientes, el 12 de agosto el diputado Jorge Rodriguez (hermano de la vicepresidenta y ministra de economía Delcy Rodriguez) realizó una serie de preocupantes anuncios.  A pedido de Nicolas Maduro, se tomó la decisión de suspender el receso parlamentario, para aprobar un paquete de leyes con la idea de “proteger a la población” de las “expresiones de odio en redes sociales”, el terrorismo y la “difusión de ideas fascistas”. Señaló que en el país se observan muchas organizaciones sociales que funcionan como “fachadas” y comanditos contra los intereses de la patria.   En ediciones previas de CSG, se alertó en reiteradas ocasiones sobre los peligros que traería consigo un gobierno con aún más poderes para reprimir a la oposición y limitar la libertad de expresión. Un escenario que solo ha empeorado desde ¿las elecciones?  ¿Qué dice la ley? Esta ley no es régimen de regulación, es un régimen de intimidación que pone en riesgo a organizaciones consolidadas y a las muchas que trabajan en la informalidad brindando asistencia básica a poblaciones del interior del país.  A los nueve artículos aprobados durante el mes de mayo, se sumaron treinta artículos aprobados durante las últimas dos sesiones.  La siguiente es una selección de los artículos más importantes tratados los días 13 y 15 de agosto.  También fueron sancionadas dos disposiciones transitorias. La primera requiere que, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta ley, las organizaciones ya constituidas y con personalidad jurídica presenten información actualizada ante el Registro Público correspondiente a su domicilio. La segunda disposición estipula que las organizaciones deberán ajustar sus estatutos a esta ley dentro de los 180 días siguientes a su vigencia o serán anuladas. La modificación estatutaria estará exenta de tasas.